Nuevo desarrollo reglamentario del régimen jurídico de la pensión contributiva de jubilación

En la reunión del Consejo de Ministros mantenida el martes, 16 de mayo de 2023, se aprobaron dos Reales Decretos que proceden a desarrollar reglamentariamente el actual régimen jurídico de la pensión contributiva de jubilación, y que se han publicado ayer, 17 de mayo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) bajo la siguiente denominación:

1. Real Decreto 370/2023, de 16 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161.bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento.
2. Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico del complemento económico establecido en el artículo 210.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre: incentivo por jubilación demorada.

A continuación, comentamos ambos textos:

1. Real Decreto 370/2023: relajamiento de los requisitos para causar la pensión contributiva de jubilación por parte de las personas con una discapacidad del 45 por ciento

Tal y como se declara en la Exposición de Motivos de la norma comentada, el presente Real Decreto es fruto de uno de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo español, contenido en la Disposición adicional 4ª de la Ley 21/2021, sobre mejora del marco regulador del acceso a la pensión de jubilación de las personas con discapacidad.

En primer lugar, el RD 370/2023 procede a actualizar la norma reglamentaria de referencia, el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 161 bis de la Ley General de Seguridad Social de 1994, adaptándola al texto legal actualmente en vigor, la Ley General de Seguridad Social aprobada en virtud del Real Decreto Legislativo 8/2015.

En segundo lugar, la intención manifestada por el Gobierno es la de facilitar a las personas con discapacidad el acceso a su jubilación y, precisamente con apoyo en el actual art. 206 bis.1 de la Ley General de Seguridad Social de 2015, se introducen una serie de reformas aplicables a las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, fijándose las siguientes reglas:

• Se deberá acreditar el período de carencia previsto en el art. 205.1.b) de la Ley General de Seguridad Social, esto es: 15 años de cotización efectiva, 2 de los cuales deberán estar comprendidos dentro de los 15 años anteriores al hecho causante. Se exige que hayan debido trabajar dichos períodos afectados por las discapacidades recogidas en el RD 1851/2009.
• Como novedad, se precisa que solamente deberán acreditarse 5 años efectivamente cotizados con la acreditación fehaciente de una de las enfermedades contempladas en el RD 1851/2009, y que mediante el presente RD 370/2023 se compilan en el Anexo que lleva por nombre “discapacidades que pueden dar lugar a la reducción de la edad de jubilación” (art. 1 RD 370/2023).
• Cabe destacar que no se produce variación alguna en la lista de enfermedades mencionada en la anterior redacción del RD 1851/2009, que se mantiene inalterada por el anexo al que hace referencia el art. 2 del RD 370/2023 (todas ellas discapacidades “en las que concurran evidencias contrastadas que determinen de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida”).
• Habrá de acreditarse la discapacidad mediante informe, el cual deberá indicar, en todo caso, la fecha en que se ha iniciado o se ha manifestado la patología, ya sea esta la fecha del nacimiento o una posterior (art. 5.1 RD 370/2023).
• La acreditación fehaciente de que durante 5 años de trabajos efectivos se ha estado afectado por una enfermedad de las listadas en el Anexo deberá recabarse del IMSERSO o, en su caso, del órgano correspondiente de la respectiva comunidad autónoma (art. 5.2 RD 370/2023).
• Se aclaran los supuestos de concurrencia de varias enfermedades que repercuten en el grado de discapacidad. El art. 5.3 RD 370/2023 dispone que se entenderá que concurre un grado de discapacidad en total igual o superior al 45% en aquellos casos en los que, conforme a los certificados del IMSERSO (o de las CCAA) se acrediten, conjuntamente, las siguientes condiciones:
  • Que de la suma de los porcentajes de discapacidad alcanzados en las diferentes dolencias que figuren en el certificado, así como del porcentaje correspondiente a los “baremos complementarios”, de ser el caso, resulte un porcentaje de discapacidad total igual o superior al 45%.
  • Que al menos de una de las dolencias reflejadas en el certificado de discapacidad antes señalado sea una de las relacionadas en el anexo y que el porcentaje de discapacidad alcanzado por esta o estas patologías generadoras de discapacidad relacionadas en el Anexo suponga al menos el 33% total del grado de discapacidad.
• Se introduce un procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad, que será aprobado mediante orden del titular del Ministerio de Seguridad Social, admitiéndose una posible actualización periódica y el establecimiento de un procedimiento abreviado para facilitar la extensión del listado de patologías a las enfermedades raras que vayan surgiendo.

De conformidad con la Disposición final única, el Real Decreto 370/2023 entrará en vigor el día primero del mes siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 1 de junio de 2023.

• Crítica a la nueva disposición.

Como crítica a esta regulación, pese a que la Exposición de Motivos afirma que se recoge en el art. 5.3 del presente Real Decreto que se acoge la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sentada en su sentencia núm. 729/2017, de 27 de septiembre de 2017, lo cierto es que la actual redacción es más restrictiva que lo declaro por el Alto Tribunal.

Con el tenor del art. 5.3 del RD 370/2023, aquellas personas que padezcan una de las enfermedades contempladas en el Anexo y en el RD 1851/2009 inferiores al 33%, pese a que presenten otras discapacidades que provoquen que tengan un porcentaje de discapacidad igual o por encima del 45%, no tendrán derecho a acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada especial prevista en el art. 206 bis LGSS y en el RD 1851/2009.

Por último, a pesar de que en los medios de comunicación se ha anunciado un “relajamiento” de las condiciones para causar pensión por parte de las personas con discapacidad con igual o por encima del 45% de discapacidad, en realidad se sigue requiriendo que el trabajador haya prestado efectivamente sus servicios durante, al menos, 15 años padeciendo esta discapacidad. La única facilitad que se prevé es que, de esos 15 años, solamente 5 años deben acreditarse fehacientemente mediante certificado del IMSERSO o del órgano correspondiente de las CCAA.

En definitiva, podríamos concluir que las mejoras al actual régimen de jubilación de las personas con discapacidad son relativas, además de que siguen ignorándose enfermedades tan relevantes e importantes como el ELA.

2. Real Decreto 371/2023: desarrollo reglamentario de la fórmula mixta para el abono del incentivo por la jubilación demorada

La Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, inició el actual régimen jurídico de las pensiones contributivas, con el objeto de favorecer el alargamiento de la vida laboral.

Entre las medidas estrella se hallaba la conocida como jubilación “demorada”, que consistía en incentivar la permanencia en el mercado laboral una vez alcanzada la edad legal ordinaria (la que en cada momento resulte de aplicación en función de los años cotizados y en atención al régimen transitorio que todavía se encuentra en vigor).

Los incentivos consistían en tres diferentes medidas:

• Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió la edad de jubilación y la del hecho causante
• Una cantidad a tanto alzado por cada año completo cotizado entre la fecha en que se cumplió la edad de jubilación y la del hecho causante, cuantía que vendría determinada en función de los años cotizados (menos o más de 44 años y 6 meses [se puede consultar aquí]).
• Una combinación de las opciones anteriores en los términos que reglamentariamente se determinen.

Pues bien, el Real Decreto 371/2023, de 16 de mayo, viene a desarrollar precisamente esta última opción, esto es, el incentivo consistente en combinar el porcentaje adicional con el percibo de una cantidad a tanto al alzado (art. 210.2.c de la Ley General de la Seguridad Social).

En ese sentido, el art. 3 del citado RD versa sobre las reglas de determinación de la opción mixta de abono del complemento económico, estableciéndose que las personas interesadas podrán optar por esta modalidad cuando acrediten, al menos, dos años completos cotizados entre la fecha en que cumplieron la edad ordinaria de jubilación aplicable y la del hecho causante de la pensión de jubilación, siempre y cuando al cuando al cumplir esas edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización -15 años, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante), fijándose las siguientes reglas:

• Para el cómputo del período cotizado a considerar se tomarán años completos, sin que se equipare a un año la fracción del mismo. Dicho de otro modo, no se tendrán en cuenta aquellos períodos inferiores al año.
• Cuando se acredite un período de 2 a 10 años entre la fecha de edad ordinaria de jubilación y la del hecho causante de la pensión (la que se indique en la solicitud de la pensión), el complemento de jubilación demorada consistirá en la suma de:
  • Un porcentaje adicional del 4% por cada año de la mitad de ese período (es decir, aplicamos la primera opción).
  • Una cantidad a tanto alzado por el resto del período considerado (es decir, aplicamos la segunda opción).
• Cuando se acredite un período de 11 o más años entre la fecha de edad ordinaria de jubilación y la del hecho causante de la pensión, el complemento de jubilación demorada consistirá en la suma de:
  • Una cantidad a tanto alzado por cinco años de ese período (aplicamos la segunda opción al período citado de 5 años).
  • Un porcentaje adicional del 4% por cada uno de los años restantes (es decir, aplicamos la primera opción).

Asimismo, se prevén reglas en el supuesto de aplicación de normas internacionales (art. 4), si bien los preceptos más interesantes y que merece la pena destacar son los dos siguientes: el artículo 5 relativo al ejercicio de la opción, y el artículo 6 sobre la incompatibilidad del complemento económico con el acceso al envejecimiento activo.

Por lo que respecta al artículo 5, se recuerda que la elección por la modalidad de pago del complemento económico se efectuará en el momento de la solicitud de la pensión de jubilación y, en caso de no efectuarse, se aplicará supletoriamente la opción consistente en adicionar un 4% por cada año completo cotizado. Y, por otra parte, se declara que una vez elegida una de las tres modalidades antes señaladas, dicha elección no se podrá modificar con posterioridad.

En cuanto a la incompatibilidad del complemento de jubilación demorada con el acceso al envejecimiento activo consagrada en el artículo 6, es conveniente subrayar los siguientes aspectos:

• La elección de la primera modalidad (esto es, la adición de un porcentaje 4% por cada año completo cotizado después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación) implicará que durante el período en que el jubilado se encuentra en jubilación activa, se suspenderá el percibo del complemento de jubilación demorada.
• Tanto el percibo de la modalidad de cantidad a tanto alzado como de la fórmula mixta desarrollada en el Real Decreto 371/2023 objeto de comentario, será incompatible con la jubilación activa. O dicho de otra manera, de decantarse los interesados por estas dos modalidades no podrían decantarse ulteriormente por la jubilación activa (la cual, recordemos, permite compatibilizar la pensión de jubilación con el 50% de la pensión, siempre y cuando se reúnas los requisitos establecidos en el art. 214 de la Ley General de Seguridad Social.

Es claro, por tanto, que interesa escoger la primera opción, que no impide en adelante acceder a la jubilación activa, manteniendo los futuros jubilados un mayor abanico de opciones.

Como apunte final, subrayamos que este Real Decreto 371/2023 entra en vigor al día siguiente al de su publicación (en definitiva, en el día de hoy, 18 de mayo), y se aplicará a las pensiones cuya fecha de hecho causante sea posterior a su entrada en vigor.

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